Requisas en las celdas. Controles externos. Análisis médicos a los internos. Hasta ahora, todos los intentos por evitar que la droga ingrese a la cárcel tucumana de Villa Urquiza parecen ser insuficientes. Y, como aditivo, ya son varios los camaristas penales que protestaron porque no tienen dónde alojar reos que sufren adicciones. En este marco, el diario La Gaceta informó que la Corte Suprema de Justicia de la Provincia intervendrá en el tema.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Antonio Estofán, informó que llamará a los sectores involucrados para que trabajen juntos en la rehabilitación de los adictos. Un informe elaborado hace más de un año advirtió que el 65% de los internos consume estupefacientes. "Una cifra terrorífica".

En este marco, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia dará a conocer la próxima semana una resolución con su postura ante este conflicto. "No tengo la menor duda de que el tema de la droga en la cárcel le preocupa a todo el mundo", afirmó el presidente del máximo tribunal, Antonio Estofán, en diálogo con LA GACETA.

La crítica situación que atraviesa la penitenciaría más importante de la provincia salió a la luz en octubre, luego de que este diario publicara un estudio realizado por la sala II de la Cámara Penal en agosto de 2008. Los vocales Alberto Piedrabuena y Emilio Herrera Molina explicaron durante una entrevista que, cuando dialogaban con algunos internos a su cargo, notaban que estos evidenciaban signos de haber consumido sustancias ilegales. Por ello, le ordenaron al director del penal, Roberto Guyot, que los 114 presos a cargo del tribunal fueran sometidos a estudios para saber si habían ingerido drogas. Los resultados fueron alarmantes. Tras la intervención de la Secretaría de Adicciones, dirigida por Alfredo Miroli, se supo que el 65% de las personas examinadas habían consumido marihuana, combinada generalmente con cocaína, psicofármacos o morfina.

Cuando Herrera Molina y Piedrabuena le pidieron explicaciones a Guyot sobre esta situación, este respondió el oficio diciendo que los familiares de los reos, durante las visitas, eran quienes introducían los estupefacientes a la cárcel.

Esta respuesta no dejó conformes a los magistrados, quienes, según le relataron a este diario, escucharon de boca de los propios internos que los encargados de la distribución de drogas en la penitenciaría eran los guardiacárceles.

Por ello, en diciembre, le remitieron una copia de la investigación a la Corte Suprema, a la Justicia Federal y al Ministerio de Seguridad Ciudadana, a cargo del ministro Mario López Herrera. Hasta que el hecho no tuvo repercusión pública, los magistrados no recibieron ningún tipo de respuesta oficial.

Proyecto archivado

Desde hace varias semanas, vocales de la Corte, asesorados por especialistas, trabajaban en un proyecto de acordar para intervenir de alguna forma en la crítica situación que se vive en el penal. Sin embargo, según fuentes tribunalicias, el expediente quedó archivado debido a que no contaba con las firmas necesarias para prosperar. "Se entendió que no es competencia de la Corte, pues no somos jueces de ejecución de sentencia. Sin embargo, es una situación que nos preocupa y por eso vamos a intervenir de otra forma", afirmó Estofán.

En ese sentido, el titular del máximo tribunal dijo que la próxima semana se dará a conocer una resolución presidencial del Poder Judicial sobre este conflicto. "Entre otras cosas, se les pidió informes a las salas penales y al Ministerio de Seguridad. Lo que se busca es encontrar una respuesta. Este es un tema de mucha importancia social y pública, y no podemos quedar al margen, más allá de que no sea nuestra competencia. Por eso, vamos a instar a que se reúnan quienes tienen directa responsabilidad en el tema y otorguen una solución lo más adecuada posible", dijo. La posibilidad de que exista una red de tráfico de drogas que opere dentro del penal causa preocupación entre los jueces del máximo tribunal. El vocal Antonio Gandur le explicó a LA GACETA que se entrevistó con Miroli, y que escuchó varias recomendaciones que podrían ser de utilidad. Sin embargo, aclaró el magistrado, se trató de un encuentro informal. "Este es un tema que me preocupa mucho y por eso estoy tratando de interiorizarme lo máximo posible en esta cuestión. Miroli me brindó varias explicaciones que pueden ser muy útiles, y deberán ser analizadas en su momento", explicó Gandur. Según detalló, una de las propuestas era someter a cada reo que llegue a la cárcel a un análisis para saber si consume o no droga, y de esa forma saber si necesitará tratamiento. Además, otra posibilidad a tener en cuenta es la de firmar convenios con los internos que acepten comprometerse a realizar tratamientos. "No se trata de una cuestión fácil, que se resuelva de un día para el otro. Hay pacientes que demoran hasta tres años en rehabilitarse, según me explicaron", remarcó Gandur.

Finalmente, remarcó su preocupación por el alto índice de consumo de estupefacientes dentro de la cárcel. "Se habla de una cifra que ronda el 65%. Es un porcentaje terrorífico", reflexionó.

A nivel provincial

El pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia con respecto al tráfico de drogas dentro del ámbito carcelario no se limitará a los lugares de detención de la capital, sino también al penal de Concepción. Desde octubre, fueron arrestados 22 reos por causas vinculadas con estupefacientes, y algunos de ellos fueron detenidos en la prisión del sur de la provincia.

FUENTE: LA GACETA